Presidentes, medios y periodistas: relaciones complejas (muchas veces) al margen de la ley

Quienes nos creemos que somos los periodistas? Y quién se cree que es el presidente sino presidente? Y la sociedad a quiénes les cree? El tema de la semana es el tema de siempre, desde que existe el periodismo.

Como todes ustedes saben, no solemos estrolarnos contra la coyuntura y éstas notas suelen abocarse a un tema principal y mencionar superficialmente algunos secundarios o relacionados. En ésta entrega el asunto es la relación entre los gobiernos y la prensa afectadas por los sujetos cuya atención y favor se disputan: el de las audiencias votantes, la sociedad o el pueblo, otra vez, como prefieran. Pero no podemos dejar pasar algo que tal vez a ustedes también les llame la atención, la proliferación de metáforas sexuales o citas y analogías con refranes o cuentos populares incluso mal citados, por parte de funcionaries libertaries, empezando por el presidente.

¡Cuánta pulsión sexual mal tramitada, cuánto morbo mal escondido en los pliegues de un puñado de subconscientes en carne viva! ¡Cuánta constelación en lugar de una buena terapia!

Pero qué tiene que ver la relación (regulada por la Constitución Nacional, estatutos profesionales y tratados internacionales) del presidente con la crema y nata del periodismo argentino, con una versión bizarra y triple X de Bella Durmiente?  Que las dos cosas involucran a Javier Milei, que habilita éste tipo de comparaciones en donde funcionarios imposibles de couchear (“no de nuevo, nada de cópulas, volvamos a las metáforas deportivas de Mauricio” aconsejaría Durán Barba) se expresan con pasmosa lujuria, en éste caso reescribiendo un cuento popular para niñes que está a tiro de Google.

En ninguna de las versiones firmadas, la de Giampaolo Battista, Charles Perrault o los Hermanos Grimm, el príncipe que salva a una corte completa del hechizo de una bruja (que no era ni zurda ni populista sino que estaba socialmente resentida) abusa de cada cortesano y cortesana dormida para despertarlos, esto ocurre cuando besa -sin consentimiento previo hay que decir- a la princesa, que al despertar deshace el embrujo para todos y todas sus súbditas; porque el pueblo vive y muere, duerme o despabila al hilo de sus autoridades reales, una metáfora monárquica encantadora y muy de fines del siglo XVII.

No leen, ni la Constitución o la Convención Americana de Derechos Humanos, ni los reglamentos parlamentarios, tampoco cuentos infantiles esenciales. Por eso no es tan descabellada la cita, no conviene naturalizar nada de lo que hasta ayer era un espanto, ni las amenazas y descalificaciones sin prueba de funcionarios públicos contra empresas periodísticas o trabajadores de prensa, ni el abuso sexual en una relectura bizarra que el senador libertario Francisco Paoltroni hizo en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Javo no, Javier tampoco…Señor Presidente

Cuando escribimos “no naturalizar” nos referimos a algo para lo cual tenemos que referenciar a dos colegas, que además son muy amigos entre sí, pero con opiniones divergentes en contados casos: Alejandro Fantino y Romina Manguel.

Transcribimos textual. Dice el fundador de Neura: “lo que se inaugura me parece, vamos a tener que convivir con eso, es una época en donde estamos bajo permanentes devoluciones de la política y de la gente común. Es lo que está, nació en EEUU con Trump y hay que hacerse cargo de esa incomodidad. Eso llegó para quedarse, es como resistirse a la fuerza de gravedad”.

Alejandro el filósofo aficionado, el sencillo pescador de pauta ilustrado, justa y precisamente menciona a Trump, pero sin recordar que en agosto de 2018, toda la prensa estadounidense unificada (300 diarios entre otros) se manifestaron en contra de los ataques continuos del ex presidente Donald Trump. Nadie naturalizó sus insultos y agresiones, sino todo lo contrario.

Es el caso de Marjorie Pritchard, subdirectora de The Boston Globe, que firmó un editorial memorable fijó la clave, “hacer entender a los lectores que atacar la Primera Enmienda es inaceptable”. Agregó además algo que le cabe perfectamente a Javier Milei -no Javo ni Javier con una cercanía de la que presume Fantino pero que debiera desaconsejarse para el ejercicio periodístico profesional-, que “insistir en que las verdades que no le gustan a los mandatarios son noticias falsas, es peligroso para la democracia”.

Manguel le recordó a su colega que la gente común, las audiencias, pueden decir lo que quieran de las opiniones o la labor periodística de cualquiera, pero que el presidente está a otro nivel porque tiene la suma del poder público y su palabra se amplifica y obliga como ninguna.

Perdida la chance de naturalizar acusaciones sin fundamento o denuestos de parte del presidente, Fantino le propuso una disyuntiva (siempre textual): “vos que preferís, que te contra ataque dialécticamente el presidente (falso pues Manguel no atacó a nadie sino que expuso el pensamiento crudo de Banegas Lynch) o que te armen una causa con la AFI por la que podrías ir en cana?”. Manguel se resistió a elegir, “ninguna de las dos, quiero creer que hay mecanismos institucionales que me defiendan, que digan que esto no se puede hacer”.

Y los hay, mucho más precisos que los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional. Se trata del punto 3 del capítulo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que declara que “no se puede restringir el derecho a expresión por vías o medios directos ni indirectos (la amonestación manifiesta de un presidente es más bien coerción directa), que define “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos asegurando el respeto a los derechos y la reputación de los demás; y la Doctrina de la Real Malicia de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU que ya fue invocada en fallos locales y exige que el damnificado por publicaciones periodísticas “es necesario que demuestre que la información es falsa o inexacta, y que además se disponía de pleno conocimiento de la inexactitud o falsedad del mismo. Es decir que el actor deberá demostrar que hubo dolo, culpa grave o mala fe al momento de publicar las noticias”.

Y establece una tutela muy rigurosa para proteger a los ciudadanos comunes y una más atenuada para los funcionarios públicos, precisamente porque tienen herramientas suficientes para repeler cualquier injuria. Mucho más si es el presidente, hay una asimetría de poder que también fue infantilmente ninguneada durante el debate entre Fantino y Manguel (que se extendió a casi todo el star system porteño de formadores de opinión).

Fue dicho exactamente así: “es minga el nivel de asimetría, hoy vos o yo, o Fontevecchia, Lanata, Carlos Pagni o Roberto García, tenemos tanto poder como el poder más poderoso de la Argentina, salvo que ese político”….y completa Manguel: “sea el presidente”.

Muchos periodistas, pocos pedestales

Alejandro Fantino y Romina Manguel, dos periodistas adeptos al lawfare colegas y amigos enfrentados por los límites de la crítica presidencial a la labor periodística, uno de los debates de la semana y de siempre.

 

Numerosos profesionales del oficio -con los que nos permitimos polemizar sin cuestionar su integridad o el sesgo ideológico de sus opiniones- se arrojaron sobre la granada cuya espoleta quitó el presidente al decir que “el periodismo se ha prostituido, vamos contestar, vamos a decir nuestra verdad, vamos a bajarlos de esa torre de marfil en la que creen que viven”. La salida mancomunada de quienes realmente tienen una posición privilegiada para opinar y calificar desde hace años fue “porqué el presidente no puede decir lo que le parece tal o cual colega? Quiénes nos creemos que somos?”.

Pruebas de prostitución periodística? Algo que el presidente quiera aportar en estrados judiciales para dejar en la posición de calumniadores a sueldo a les periodistas acusades? Pruebas y causas consistentes, no hilos de tweeter o citas de notas cuyas fuentes no son anónimas por derecho legal sino por inexistenes. Mucho pedir? Lo imaginábamos.

Digamos algo que muchos compañeros y compañeras del interior e incluso que laboran en medios radicados en el AMBA agradecerán: los periodistas que presumen de tener el celular y chatear con el presidente, o ser retweeteados por él son 10 o 15 a lo sumo. Los que gozan de amplísima difusión en medios analógicos y digitales unos 100 tal vez, un poco menos seguramente. Ni hablemos de los medios a los cuales se les ha retirado pauta oficial y pueden mantener sus estructuras (periodistas, productores, diseñadores, técnicos de toda laya y administrativos) intactas, sin resentir ni su calidad ni su masividad, muy pocos a decir verdad.

El resto -invisible desde el luminoso circo de vanidades que se concentra en 203 kilómetros cuadrados- está en una posición más compleja, lejana e incluso anónima para el lugar donde se toman las decisiones importantes para los destinos del país y el mercado de producción y circulación noticieril. Cientos de miles de periodistas no podríamos jamás decir “todos somos Fantino” o “todos somos el Gato Sylvestre o Roberto Navarro”, somos muchos más y mucho menos, ejerciendo el oficio con la misma pasión y rigor eso sí.

No hay aquí ni en toda la nota apelaciones a un federalismo trucho ni resentido, descalificación alguna ni pretensión de “periodismo de periodistas” (otro debate complejo y leguleyo), sino menciones a jusrisprudencia protectiva que ofrece lo que Manguel reclama (hay cosas que no pueden hacerse con impunidad desde ciertos lugares de poder) y una clasificación realista de resonancia y alcances de medios y periodistas, que -dicho sea de paso- no son las misma cosa.

El truco de “cualquiera que tenga más de 4.000 seguidores en Instagram o Tweeter es un medio en sí mismo y tiene el mismo o más poder que un gobernador o un intendente” es un pase de magia que debiera ser repensado haciendo cuentas simples, pero para nada obvias según parece.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicó hace pocos días un balance de las agresiones recibidas por medios y periodistas durante los primeros 100 días de gobierno libertario. El resultado fue que el 40% de ésas agresiones provino del mismísimo presidente de la Nación o sus ministros, 37 episodios denunciados y testeados, 15 de los cuales fueron protagonizados por la máxima autoridad del Estado y su vocero, luego multiplicadas por el sistema digital de redes. Si ADEPA realizaba denuncias similares entre 2019 y 2023 contra el gobierno anterior, reclamando incluso el “derecho al olvido” para dar de baja en servidores datos y aseveraciones que ya hubieran sido refutadas y probadas a través del derecho a réplica o sentencia judicial, hoy mismo debería volver a expedirse para no dejar hacer ni pasar lo que lamentaron un puñado de colegas renombrados y posicionados en medios de altísima masividad.

El Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) vigente en nuestro país no avala la difamación o la participación en operaciones de prensa (muchas veces impulsadas desde el poder político) disfrazadas de investigaciones repleta de abusos e incorrecciones éticas y metodológicas, que harían avergonzarse y enfurecerse al noble y citadísimo Rodolfo Walsh (no por Fantino ni Manguel, pero ese es otro asunto). Ese estatuto no establece privilegios capaces de engolar la vanidad de especialistas de la propalación e interpretación de asuntos relevantes para la opinión pública, sino que compila un puñado de normas para el ejercicio de una actividad que es primeramente un servicio pero también goza de cierto prestigio social.

Desmesurado? Inmerecido? No será el presidente quien lo defina, sino la comunidad de lectores y lectoras a los que nos exponemos continuamente, tratando de combatir con rigor profesional un mal de época: “no tengo pruebas pero tampoco dudas”.